Encauzan política pública sobre el cambio climático

Períodos de sequía más extremos y recurrentes también se atribuyen al cambio climático. En la foto, el lago La Plata en la sequía de 2015. (GFR Media)

Puerto Rico pudiera unirse este año a la lista de países que cuentan con leyes o políticas nacionales que abordan tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático, uno de los mayores desafíos en la actualidad, cuyos efectos son particularmente devastadores en las islas.

La Asamblea Legislativa, que inició su tercera sesión ordinaria del cuatrienio el pasado 8 de enero, tiene ante su consideración el Proyecto del Senado 773, que establecería la política pública del gobierno respecto al cambio climático y los procesos de mitigación y adaptación por sectores. Su autor es el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, del Partido Nuevo Progresista.

De convertirse en ley, se crearía un Comité de Expertos sobre Cambio Climático, que tendría dos años para elaborar un Plan de Mitigación y Adaptación guiándose por métricas detalladas en el proyecto. Las métricas abordan temas como energía, transportación y desperdicios sólidos.

“El proyecto contiene unas guías específicas, que no son de la naturaleza del legislador, sino de estudios realizados”, dijo Seilhamer a El Nuevo Día, tras señalar que no radicó la medida a raíz del paso de los huracanes Irma y María, sino que trabajó por seis meses en su elaboración.

Durante ese tiempo, agregó, evaluó “múltiples” investigaciones de científicos, universidades y organizaciones, y tomó en consideración legislación similar aprobada en otros países.

Veto al carbón

En Puerto Rico, entre 1990 y 2005, las emisiones de gases de efecto invernadero (causan calentamiento global) aumentaron en 80%, precisa el proyecto. En Estados Unidos, que el año pasado abandonó el Acuerdo de París –que fija medidas para la reducción de emisiones–, el alza en ese mismo período fue de 16%. Los conglomerados industriales y los sectores de energía y transportación se identifican como los principales emisores de gases.

En esa línea, el proyecto dispone que, para 2028, quedará erradicado el uso de carbón en la producción de energía. Seilhamer explicó que se fijó ese año para “honrar” el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la cogeneradora AES-Puerto Rico.

Sin embargo, el proyecto no contiene una prohibición expresa a que se construyan nuevas plantas de carbón antes de 2028.

Seilhamer, quien radicó el proyecto el 8 de diciembre, dijo no tener problemas con que la prohibición se incluya en una enmienda y se extienda, incluso, a las plantas de conversión de desperdicios sólidos a energía.

“El carbón y la incineración de residuos son fuentes de generación (de energía) equivocadas”, indicó, y añadió que el proyecto propone crear un inventario de emisiones por sector, de forma que se sepa si hay excedencias y se exija rendición de cuentas. Ese mismo inventario serviría como base para el otorgamiento de permisos de construcción.

En cuanto a métricas, el proyecto detalla que, para 2035, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que reducirse en 40% respecto a los niveles de 1990; que el consumo general de energía tiene que reducirse en 1% anualmente hasta alcanzar una baja de 10%; y que, para 2035, el uso de energía renovable tiene que haber alcanzado el 33%.

Sobre esto último, la cifra apenas llega hoy al 2%, en violación a la Ley 82-2010. Ese estatuto estipula que, para este año, la generación con fuentes renovables debía alcanzar el 12%.

Como hasta ahora –con proyectos desarrollados con cuentagotas–, el gas natural seguiría siendo el combustible de transición hacia las fuentes renovables.

Otras disposiciones

En el sector de transportación, el proyecto ordena que, para 2028, la totalidad de la flota pública debe ser de vehículos que no funcionen con combustibles fósiles (híbridos o eléctricos). Para que esa conducta también se refleje a nivel individual, se otorgarían incentivos de entre $2,000 y $8,000. Los incentivos serían sobre el arbitrio que pagan estos vehículos al entrar al país.

El proyecto también dispone que, para 2028, la cantidad de residuos sólidos que llega a los vertederos debe reducirse en 70%. La meta se alcanzaría impulsando el reciclaje, que hasta ahora ha fracasado en el país. La Ley 70-1992 establece que la tasa nacional de reciclaje debe ser de 35%, pero apenas llega al 13%.

Sobre el Comité de Expertos, el proyecto estipula que tendría nueve miembros. De esos, tres serían los jefes de la Junta de Calidad Ambiental, la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Desarrollo Económico. Los otros seis serían nombrados por el gobernador, que los escogería de una lista sometida por una “firma especializada”. Además, serían confirmados por el Senado.

El Comité de Expertos recibiría $1 millón en fondos públicos, que se usarían para pagarles a los seis miembros nombrados por el gobernador. La compensación que recibirían sería “equivalente” a la de miembros de “comités similares”. El proyecto no fija cuánto cobrarían los miembros, ni impone un tope a la compensación.

Por tratarse de un proyecto que conlleva erogación de fondos públicos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en virtud de la ley federal Promesa, podría frenar su implantación, como ya ha hecho con otros estatutos. Seilhamer dijo que, “por ser el cambio climático un asunto crítico”, la JSF debería “adoptar” el proyecto; y que el $1 millón para el Consejo de Expertos podría conseguirse si se eliminan las escoltas a funcionarios y exfuncionarios.

Varios intentos

El proyecto de Seilhamer no es el primero que se presenta con la intención de establecer la política pública del gobierno respecto al cambio climático.

Cirilo Tirado, del Partido Popular Democrático (PPD), radicó el cuatrienio pasado –como senador de mayoría– el Proyecto del Senado 1357, cuyo énfasis era adaptación y resiliencia. El proyecto se aprobó en el Senado,pero la Cámara de Representantes no le dio paso.

Entonces,trascendió que estaba engavetado por “razones económicas”, ya que proponía la creación de la Oficina de Cambio Climático y la Oficina de Climatología de Puerto Rico, y el gobierno no tenía la condición económica para establecer nuevas dependencias. Cuestionado al respecto, Tirado afirmó que el proyecto “se quedó muerto por la lucha pequeña que se da en todas las legislaturas, especialmente en los últimos días de sesión”.

Por eso, tan pronto juramentó este cuatrienio como senador de minoría, lo radicó otra vez como el Proyecto del Senado 154. Pero fue igualmente derrotado

El pasado 5 de diciembre –y tras la celebración de una sola vista pública dos meses antes–, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado recomendaron que no se aprobara. Adujeron que, “ante el panorama fiscal actual, no es posible la asignación responsable de fondos adicionales para la implementación de las disposiciones que presenta esta medida, las cuales ya forman parte de las responsabilidades delegadas a la Junta de Planificación”.

Sobre el proyecto de Seilhamer, Tirado dijo que “lo que me preocupa es que es una mera expresión de política pública. Con la erradicación del uso de carbón en la generación de energía, no hay un mandato dirigido específicamente a prohibirlo ni a que, en los próximos 10 años, se establezca una nueva planta de carbón”.

Afirmó que el proyecto “puede mejorarse”, y dijo que procurará “trabajar mano a mano” con Seilhamer para ver qué aspectos de la derrotada medida pudieran incorporarse en la otra. “No descarto, incluso, tomar un turno para deponer cuando se celebren las vistas públicas”, manifestó.

Recomendaciones

Para el coordinador del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, Ernesto Díaz, el proyecto de Seilhamer es un “gran esfuerzo” con miras a adoptar una política pública sobre cambio climático, pero “atiende muy poco el asunto de la adaptación”.

Coincidió con Tirado al señalar que el proyecto “establece unas líneas gruesas de política pública que hay que desarrollar”.

A modo de recomendación, Díaz planteó que al proyecto podrían incorporársele las disposiciones de la Resolución Conjunta del Senado 172, también de la autoría de Seilhamer, que ordena actualizar el Código de Construcción de Puerto Rico tomando en consideración los efectos del cambio climático.

“Ese sí es un mandato específico en el área de adaptación. Hay que trabajar en la dirección de proveer una infraestructura más resiliente y una ocupación del espacio que atienda los asuntos evidenciados luego de los huracanes Irma y María”, sostuvo.

Aparte de huracanes más frecuentes e intensos, al cambio climático se le atribuyen efectos como calentamiento y aumento en el nivel del mar, erosión costera y sequías, entre otros. Díaz opinó que el proyecto puede enmendarse para que incluya acciones en respuesta a estos efectos.

Seilhamer, entretanto, reiteró su disposición a que el proyecto reciba cuantos cambios sean necesarios, “siempre y cuando sea para mejorarlo”.

“El objetivo final es uno parecido al Protocolo de Kioto (acuerdo internacional que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero). Aunque somos pequeños, somos las primeras víctimas del cambio climático, y tenemos que hacerle frente a esa realidad”, aseveró.

El proyecto fue referido a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado, que no ha convocado vistas públicas.

Fuente original: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/encauzanpoliticapublicasobreelcambioclimatico-2391640/